CONTINÚA LA CORRUPCIÓN DEL SEXENIO ANTERIOR CON NUEVOS ROSTROS.

16/12/2024.

Cd. De México. - Durante su último informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador proclamó como un triunfo de su administración haber “cortado de tajo con la corrupción en el Poder Ejecutivo”. Este discurso de autocomplacencia sobre uno de los problemas que más preocupan a la sociedad mexicana ha sido constante a lo largo de su mandato, aun cuando los casos de corrupción, tanto en su gobierno como en la esfera pública, no han dejado de acumularse. A pesar de las promesas de erradicar las prácticas corruptas, los mecanismos y redes de corrupción no sólo se han perpetuado, sino que han adquirido nuevos rostros y beneficiarios.

Un episodio emblemático ocurrió el 31 de agosto de 2019, un día antes de su primer informe de gobierno. El presidente, confiado, declaró que se había ganado la batalla contra la corrupción. En esa ocasión, sacó por primera vez el “pañuelito blanco” para afirmar que “ya no hay corrupción arriba”. Sin embargo, menos de un año después, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó una investigación que revelaba el que sería el caso de corrupción más grande de su sexenio: los desvíos de más de 15 000 millones de pesos destinados a los programas alimentarios para las poblaciones más vulnerables, ejecutados a través de la recién creada Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). El caso continúa impune en su parte más alta, pues quien fuera su titular durante los desvíos, Ignacio Ovalle, no fue investigado; por el contrario, fue premiado con otro puesto en la Secretaría de Gobernación.

A pesar de este escándalo monumental y de otros casos que se sumaron a lo largo del sexenio, el discurso del presidente no cambió. Día tras día, insistió en que la corrupción en su gobierno era cosa del pasado. Fue hasta el 29 de junio de 2023 que el mandatario reconoció públicamente las irregularidades en Segalmex, pero lo hizo bajo una narrativa que buscaba minimizar su impacto. “Es el único caso”, afirmó, como si con ello pudiera borrar el rastro de otros episodios que también fueron documentados por medios de comunicación, periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Peor aún: dijo que los directivos habían sido engañados por algunos priistas que seguían en la administración.

En los últimos seis años, han sido abundantes las evidencias de diversas formas de corrupción en distintas áreas del gobierno. Ello nos obliga a hacer una clasificación que facilite su comprensión y análisis, además de ponerle nombre y apellido a los presuntos responsables. En este “sexenario de la corrupción”, hemos agrupado los casos que registramos en seis grandes categorías: justicia discrecional, sobornos, moches y enriquecimiento ilícito; desvío de recursos públicos, corrupción electoral, ejercicio abusivo de funciones, así como conflicto de intereses. Cada una de estas categorías refleja no sólo los patrones que han persistido en el gobierno actual, sino también la capacidad del poder corruptor para reinventarse y operar bajo nuevas formas, ahora disfrazadas de un discurso de austeridad y transformación.

Los casos de justicia discrecional son unos de los más preocupantes, ya que involucran la manipulación política del sistema judicial para favorecer a ciertos actores cercanos al poder, mientras se castiga selectivamente a quienes resultan incómodos. Ejemplos de este fenómeno incluyen el uso político de las instituciones judiciales para perseguir a quienes se consideran opositores en el ámbito empresarial, académico, periodístico y de las organizaciones de la sociedad civil que han denunciado la corrupción del régimen.

En cuanto a sobornos, moches y enriquecimiento ilícito, hemos visto cómo la vieja práctica de intercambiar dinero por favores políticos entre personas cercanas al poder sigue siendo una constante en diversas secretarías y niveles de gobierno. Aunque el discurso oficial insiste en que la corrupción se ha erradicado, las investigaciones demuestran que, bajo la superficie, continúan existiendo redes de complicidad entre empresarios y funcionarios.

El desvío de recursos públicos es uno de los mecanismos de corrupción más documentados durante el sexenio, se ha materializado en programas sociales diseñados con el propósito explícito de beneficiar a sectores vulnerables, pero cuyos recursos han sido sistemáticamente desviados hacia otros fines. Segalmex es sólo el ejemplo más visible y de mayor envergadura de un esquema que se ha repetido en otros programas sociales clave.

La corrupción electoral, presente en los comicios de 2018, 2021 y 2024, ha evidenciado el uso de recursos públicos y programas sociales con fines proselitistas, lo cual viola la equidad electoral. Estos casos no han sido suficientemente sancionados, lo que ha contribuido a la erosión de la confianza en las instituciones democráticas.

Finalmente, el ejercicio abusivo de funciones y el conflicto de intereses se han manifestado en múltiples áreas del gobierno, desde la emisión de decretos para favorecer a empresas vinculadas a amigos y familiares del presidente, así como a integrantes de su círculo más cercano, hasta la manipulación de licitaciones públicas en favor de consorcios cercanos al poder. Estos episodios nos recuerdan que la corrupción, lejos de ser un problema erradicado, sigue siendo un fenómeno sistémico que afecta a la democracia y al estado de derecho en México.

A continuación, presentamos un recuento breve —pues para hablar detalladamente de cada caso requeriríamos varios cientos de hojas— pero exhaustivo de los principales mecanismos y casos de corrupción que sucedieron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.