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12/11/2024.
CD. DE MÉXICO. - Más allá de cualquier conflicto ideológico con el vecino del norte, México necesita reconocer que su talón de Aquiles no es Trump, sino los discursos que enmascaran nuestras propias deficiencias estructurales.
La frontera compartida con EE. UU. representa una de las más dinámicas del mundo. Sin embargo, nuestro país enfrenta un debilitamiento en distintos frentes, de manera que “la defensa de la soberanía” —temática central en el discurso morenista— puede quedar vacía ante una realidad que se vuelve inmanejable.
La presidencia de Donald Trump no es el único reto para el Gobierno mexicano. En realidad, nuestros propios problemas estructurales y la falta de políticas efectivas para abordarlos han impedido que el país logre una relación más productiva y soberana con su vecino del norte.
La administración de Sheinbaum tiene la oportunidad de redefinir su enfoque para fortalecer el desarrollo interno y no depender en exceso de EE. UU. La verdadera soberanía y estabilidad dependen de la capacidad para resolver nuestros propios problemas de justicia, desarrollo económico, descentralización fiscal y sostenibilidad energética.
La relación entre México y Estados Unidos es compleja, pero también una fuente de grandes oportunidades —expresa Luis Rubio, presidente de México Evalúa, en su columna titulada “Decisiones…”—. La relación bilateral abarca tres dimensiones clave: la importancia económica de la frontera compartida, donde el comercio es un motor esencial para México; el ajuste interno y externo que vive EE. UU. en un contexto de polarización y cambio global; y el enfoque directo y simplista del liderazgo de Trump. La soberanía no se logra enfrentando a EE. UU., sino fortaleciendo la economía y sociedad mexicanas. Sin embargo, México se ha rezagado en áreas como educación, salud, infraestructura y marco legal, perpetuando mitologías que obstaculizan su desarrollo integral.
A medida que el Gobierno central acumula poder político, también concentra recursos fiscales, lo que reduce la capacidad de los estados para tomar decisiones autónomas. El gasto federalizado, clave para financiar servicios esenciales en los estados como salud, educación y seguridad, ha disminuido al nivel más bajo en casi tres décadas, representando menos del 30% del gasto neto público al tercer trimestre de 2024. La falta de financiamiento adecuado afecta particularmente a los estados más dependientes de estas transferencias y merma capacidad para cubrir necesidades locales. Para revertir esta tendencia, se recomienda: fortalecer la descentralización, incentivar la recaudación local, estabilizar los recursos federales y evaluar los impactos en el desarrollo regional. Un análisis del programa de Gasto Público.
Mariana Campos, directora de México Evalúa, apunta en su columna que, con un índice de impunidad del 93.6%, la ineficiencia de las fiscalías es una gran limitación para el acceso a la justicia en México. Los delitos graves como homicidio, violación y desapariciones destacan por su baja resolución. Más del 60% de los casos son archivados sin seguimiento. Todo ello perpetúa la impunidad y desconfianza pública. Pese a lo anterior, estados como Querétaro tienen un índice de impunidad menor que el promedio nacional gracias a planes de persecución penal estratégicos y métodos eficientes. Es necesaria una visión integral del sistema penal, pues los enfoques fragmentados, la militarización y la reforma judicial no abordan eficazmente las causas de la impunidad.
La estrategia de rescate a Pemex del gobierno de AMLO resultó en mayor endeudamiento y menor margen fiscal, sin que hubiera mejoras en la situación financiera de la petrolera. Al tercer trimestre de 2024, Pemex reportó pérdidas y un balance negativo, mientras que el tipo de cambio y los altos costos operativos han deteriorado su rentabilidad. Los apoyos financieros a la petrolera han limitado los recursos para otros servicios públicos, y la nueva administración se enfrenta al reto de decidir el futuro de Pemex o aumentar el endeudamiento, un dilema que pone en riesgo las finanzas públicas. Un análisis del Programa de Gasto Público publicado en el micrositio Los Números de Erario.
En 2023, Nuevo León se ubicó entre las entidades con mayor número de denuncias penales, sólo detrás del Estado de México y la Ciudad de México; sin embargo, del total de investigaciones iniciadas, el 60.8% estaban en proceso y solo el 5.7% fueron vinculadas a proceso. Desde 2019, hemos monitoreado el Sistema de Justicia Penal (SJP) de este estado. El estudio identifica áreas de mejora en la eficiencia del proceso penal y la percepción pública sobre justicia. Nuevo León mantiene el tercer lugar nacional en el Índice de Capacidad, con un puntaje de 787/1000, destacándose en estructura y condiciones del sistema. Este reporte de México Evalúa busca ser una herramienta para impulsar un SJP más justo y eficiente en Nuevo León. Una investigación del Programa de Justicia.
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