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21/03/2022.
El Sindicato Libertad, cuyo líder está preso acusado de secuestro, extorsión y lavado de dinero, compartió domicilio con una empresa que el SAT identificó como simuladora de operaciones y que en 2020 obtuvo un contrato millonario en Santa Lucía. Además, la Sedena contrató a una compañía que ha compartido representante y administrador con una facturera.
La Secretaría Nacional de la Defensa (Sedena) otorgó tres contratos por más de 141 millones de pesos para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía a empresas vinculadas con “factureros”.
En documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) consta que el 26 de febrero de 2020 la Sedena suscribió un contrato por un monto mínimo de 76 millones de pesos y un máximo de 192 millones con un consorcio de seis empresas, entre las que se encontraba Valbri Services SA de CV, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) etiquetó en diciembre de aquel año como presunta simuladora de operaciones, al haber detectado que carecía de activos y personal. La empresa no logró desvirtuar el señalamiento del SAT y en junio de 2021 fue incluida en el listado definitivo de empresas “factureras”.
Por el contrato que involucra a Valbri, la Sedena pagó finalmente 120 millones de pesos.
En la firma del contrato, la representante de Valbri Services declaró que el domicilio de la empresa estaba en una casa de la calle Cerro de la Estrella, en la colonia Campestre Churubusco de Coyoacán, que coincide con la dirección de la Confederación Libertad de Trabajadores de México, mejor conocido como Sindicato Libertad, cuyo dirigente, Hugo Bello Valenzo, fue detenido en agosto de 2020 acusado de secuestro exprés, además de ser investigado por extorsión, lavado de dinero y despojo.
La Unidad de Inteligencia Financiera congeló en 2020 las cuentas de Hugo Bello y la de cuatro empresas creadas con presuntos prestanombres del líder sindical, quien presumía que el sindicato Libertad contaba con más de 2 millones de agremiados en 20 estados.
En el consorcio que obtuvo el contrato para el acarreo de materiales participaron, además de Valbri Services, las empresas Minas en la industria del Progreso, Ivradol Grupo Comercial, Terra Teka y Martínez Villegas SA de CV, así como una persona física con actividad empresarial.
El contrato a Valbri y sus asociados lo otorgó la Sedena en febrero de 2020; en agosto del mismo año fue detenido el líder sindical y en diciembre el SAT notificó que la empresa presuntamente había simulado operaciones.
En la revisión sobre los «Recursos destinados para la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía», la Auditoría Superior de la Federación ya había identificado en febrero del presente año que la Sedena había contratado a Valbri, pero no mencionó el vínculo con el sindicato Libertad.
La Sedena argumentó que cuando contrataron a Valbri, la empresa no estaba en el listado de “factureras” del SAT, además de que la dependencia federal aseguró contar con documentos que comprueban que cumplió con los servicios, tales como vales que describen la fecha de acarreo, el tipo de material, las placas de la góndola y del tractor, así como el nombre del sindicato mediante el cual se realizó el servicio.
Otro caso
La Sedena también otorgó más de 21 millones de pesos en dos contratos a Mercantil Abalón, que ha compartido representante y administrador con Abastecedora Lavín, empresa que en 2017 fue declarada oficialmente por el SAT como facturera.
Mercantil Abalon SA de CV recibió un primer contrato en la obra de Santa Lucía por 19 millones de pesos para la renta de maquinaria pesada, camiones de carga y otro más por 2.2 millones de pesos para el servicio de fletes para trasladar tubería de concreto. Ambos fueron adjudicados por medio de una invitación restringida a proveedores.
La Sedena otorgó estos contratos para la construcción del nuevo aeropuerto a pesar de que uno de los representantes de la compañía también participó en Abastecedora Lavín, identificada por el SAT como simuladora de operaciones.
Hugo Iván Rodríguez López fungió como representante o delegado de la asamblea de socios de Mercantil Abalón, de acuerdo con un acta inscrita en 2019 en el Registro Público de Comercio. Y esa misma persona también figuró como administrador único de la empresa “fantasma” Abastecedora Lavín, según consta en un contrato de 2015 revisado por MCCI y en registros públicos de la plataforma de transparencia de ese mismo año.
Mercantil Abalón fue constituida en octubre de 2013, en el Registro Público de Comercio de Puebla.
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