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Foto del escritorEmsior Querétaro

Lanzan anteproyecto para legalizar expropiaciones forzadas en Cuba.


28/03/2022.

El régimen cubano lanzó un anteproyecto de ley para legalizar las expropiaciones forzosas en la Isla, informó el pasado sábado el diario oficial Granma.


Bajo el título de Ley de la Expropiación por razones de utilidad pública o interés social, la iniciativa legislativa, publicada en el sitio web del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), busca reforzar el control del Estado sobre bienes y derechos vinculados al patrimonio.


Según el medio estatal, el documento fue elaborado “a partir de los criterios no solo de los expertos y diputados, sino de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos de participación”.


El propio Ministerio de Finanzas y Precios indica que la iniciativa “fortalece —a nivel sin precedentes anteriores en el Derecho cubano— el entorno jurídico de las garantías procedimentales y patrimoniales para los sujetos a la expropiación forzosa”.


El organismo asegura, además, que el documento contiene base legal en las reglas establecidas en la Ley 118, De la Inversión Extranjera, del 29 de marzo de 2014, sobre expropiación en ese ámbito, y que fortalece las garantías jurídicas para los inversores extranjeros.


Granma añade que el proyecto de ley “da cumplimiento al mandato directo dispuesto en el artículo 58, párrafos dos y tres, de la Constitución, que autoriza la expropiación de bienes, únicamente atendiendo a razones de utilidad pública o interés social y con la debida indemnización, y dicta que la ley establece las bases para determinar su utilidad y necesidad, las garantías debidas, el procedimiento para la expropiación y la forma de indemnización”.


La iniciativa también designa los sujetos competentes para realizar la declaración de la utilidad pública o interés social, así como las bases y el procedimiento para determinarlas.


El anteproyecto de Ley de la Expropiación por razones de utilidad pública o interés social establece en uno de sus artículos que para el inicio de cualquier actuación que tenga como finalidad la expropiación de inversiones extranjeras se requiere la aprobación previa del Consejo de Ministros.

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