17/03/2022.
El régimen cubano creó un Departamento de Atención a Instituciones Religiosas y Asociaciones Fraternales, como parte del fortalecimiento de la estructura del Gobierno, según informó el Partido Comunista de Cuba (PCC) a través de Twitter.
De acuerdo a una nota de la Agencia Cubana de Noticias (ACN), tendrá como objetivo “conducir y ejecutar las tareas administrativas relacionadas con esas entidades”, aunque la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del PCC continuará “su labor, en la implementación de la política de la Revolución hacia la religión y los creyentes”.
Al frente del departamento estará la licenciada en Ciencias Sociales, Eloísa Valdés Pérez, quien durante años ha trabajado en la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central.
“La Constitución de la República declara que el Estado cubano es laico y reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa, así como que las instituciones religiosas y asociaciones fraternales están separadas del Estado y todas tienen los mismos derechos y deberes”, indica ACN.
Sin embargo, en enero pasado la ONG evangélica Open Doors incluyó a Cuba en su ranking anual de los 50 países con mayor persecución y discriminación hacia los cristianos.
Según explicó la organización, la crisis de la COVID-19 se ha utilizado en la Isla como pretexto para obstaculizar las actividades de la iglesia y la comunidad, monitorear a sus líderes, realizar arrestos arbitrarios, confiscar propiedades privadas e imponer tarifas de extorsión.
Además, denunció que desde 1959 el Partido Comunista ha buscado controlar la iglesia de acuerdo con su ideología comunista y el gobierno ha reacciona con dureza contra las voces de la oposición y los manifestantes, por lo que cuando los activistas cristianos critican al régimen, enfrentan arrestos, el cierre de sus iglesias o negocios, penas de prisión y hostigamiento por parte del gobierno y sus simpatizantes.
Este mes el régimen cubano forzó al exilio al pastor Enrique de Jesús Fundora Pérez por su apoyo a más de cuarenta familias de presos políticos.
Fundora Pérez explicó a CubaNet que oficiales de la Seguridad del Estado lo amenazaron con condenarlo hasta 30 años de prisión bajo delitos como “sedición” e “instigación a delinquir”.
El líder religioso lideraba en su poblado de residencia, San José de las Lajas, unas diez iglesias vinculadas a la red del Movimiento Apostólico, red de iglesias evangélicas que el régimen se ha negado a reconocer y legalizar a través del Registro de Asociaciones.
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